fuente agencia Efe | Madrid

El ‘examen’ al que podría someterse Leire Pajín para ser senadora territorial por la Comunidad Valenciana ha causado indignación en algunos parlamentarios de la Cámara Alta, que ven la intención del grupo del PP en las Cortes como una maniobra “fuera de lugar” y un ejemplo “del peor filibusterismo político”.

El grupo popular en el Parlamento valenciano ha anunciado este jueves su propósito de que la secretaria de Organización del PSOE supere en el Parlamento valenciano una suerte de evaluación para dilucidar si defiende los intereses de la comunidad autónoma, y en consecuencia, si es acreedora del escaño en el Senado.

Aunque, como corrobora el PP, tal posibilidad viene recogida en el reglamento de las Cortes, ésta no se ha puesta en práctica nunca, según el senador valenciano por designación autonómica Joan Lerma, del PSOE.

Hacer un examen a Pajín para que pueda sentarse en el correspondiente escaño del Senado resultaría un hecho “insólito”, y por ello, Lerma opina que en el planteamiento del PP subyace la necesidad de “retrasar lo inevitable”.

El que fuera portavoz del grupo socialista en el Senado durante la legislatura pasada señala que la designación de Pajín es un trámite que corresponde al PSPV y que así está “reglado” en las Cortes, de tal modo que las prácticas “dilatorias” del PP “están fuera de lugar”.

Denuncia por prevaricación

Los socialistas valencianos, por medio de su secretario general, Jorge Alarte, han señalado ya que presentarán una querella por prevaricación contra los populares si “dan un nuevo paso” en el bloqueo de la designación de Pajín.

En definitiva, lo que argumenta el PP es un procedimiento similar al que sigue el Congreso para elegir, por ejemplo, a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial.

Pero en las Cortes tal práctica no se ha efectuado nunca para elegir a un senador territorial, al igual que en muchas Cámaras territoriales, como la vasca, la madrileña o la andaluza.

El Parlamento catalán, en cambio, sí que regula una especie de evaluación a los candidatos a senadores por designación autonómica, pues así lo recoge su reglamento: estos presentan una memoria y mantienen “una charla” con los diputados.

En Cataluña existe

Más que mostrar sus aptitudes y sus cualidades como potenciales senadores, lo que hacen los candidatos consiste en suscribir “un compromiso de trabajo conjunto” entre la Cámara Alta y el Parlamento catalán. “No es una examen como tal”, corrobora el senador Joan Josep Nuet, de Entesa Catalana de Progrès.

El portavoz de este grupo, Carles Bonet, puntualiza que dicho trámite “no se hacía antes” -en la constitución de las Cortes para la presente legislatura se puso en marcha el procedimiento citado-, porque los senadores eran también diputados en el Parlamento catalán.

‘Filibusterismo político’

Desde el grupo del PNV, Iñaki Anasagasti asegura que la intención del PP revela “el peor filibusterismo político” y “deja en muy mal lugar” a los populares valencianos, que a su juicio, gracias a estrategias como ésta, parecen funcionar como “una tribu o una mafia”.

Al diputado de IU, Gaspar Llamazares, le parece un “esperpento” que el PP trate ahora de hacer una utilización “partidista” de las instituciones y proponga un “examen de idoneidad” para la designación de un senador autonómico cuando ningún cargo público tiene que pasar tal prueba.

El senador socialista por Córdoba, Antonio Hurtado, sentencia que la maniobra del PP es “un auténtico disparate”, si bien matiza que en el reglamento de las Cortes hay un vacío al respecto y que dicha laguna la están aprovechando los populares.

fuente diariodemallorca.es » Opinión

SEBASTIÀ VERD

Mariano Rajoy estaba tan contento con el archivo del caso Camps por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que no sabía qué decir… En rueda de prensa, dicho esto –que no sabía qué decir– dijo algo así como que hable ahora la Inquisición. Según el líder popular, Camps habría sido objeto de una persecución inquisitorial, se supone que por parte del partido socialista y de los fiscales anticorrupción, al acusarle de haber recibido regalos de la trama Gürtel –la trama de corrupción política que se había enquistado en el PP– lo que, en el auto del Tribunal, no se desmiente en absoluto. Es más, se reconoce que existieron, con la única salvedad de que no se sabe si fueron para el president de la Generalitat o para el presidente del Partido Popular valenciano. Una duda que supone un carpetazo por no poder probarse que hubo cohecho. Es decir que, para los jueces que avalan el auto, Camps tiene al menos dos personalidades perfectamente definidas, aunque no se tenga noticia que se vista con un traje regalado cuando actúa de puertas adentro del partido y con otro cuando ejerce de presidente valenciano.

El traje o los trajes son siempre los mismos. Los trajes de Camps no pasan de moda. Es evidente que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha hecho una muy particular lectura del Código Penal para exculparle. Tanto es así que uno de los tres magistrados que firman el auto ha suscrito un voto discrepante con el que, según el razonamiento de Rajoy, habrá dado alas a la Inquisición para no enterrar definitivamente este asunto. En cualquier caso, las reacciones han sido inmediatas. Las del propio Camps y las de Rajoy rebosan una satisfacción que se antoja prematura, porque la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que interpondrá un recurso y es posible que el asunto acabe en manos del Tribunal Supremo. Y será este alto tribunal el que, en última instancia, deberá dirimir sobre el alcance del caso Camps.

La cuestión ya no es si recibió regalos de una trama presuntamente corrupta, porque está comprobado que sí los recibió. El asunto es, ahora, dirimir sobre si al aceptar los trajes el presidente valenciano incurría en un delito o no. El Tribunal Supremo deberá pronunciarse sobre si es posible o no separar el político de partido del cargo institucional para determinar si hubo cohecho o si los regalos pueden aceptarse sin más, dependiendo del despacho al que se dirijan. La realidad, en estos momentos, es que estamos ante un auto que en lugar de clarificar lo sucedido siembra más dudas. Lo único que queda claro es que Camps mintió cuando aseguró haber pagado los trajes. Y, sin embargo, la dirección del PP ha querido convertir el archivo de la causa en una declaración de inocencia que no aparece por ningún lado. Algo parecido a lo que sucedió aquí con el túnel de Sóller, cuando se dijo que el president Cañellas había sido exculpado no porque fuera inocente sino porque los hechos por los que se le acusaba habían prescrito.

Resulta, pues, que Camps no es inocente, pero tampoco culpable. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cuándo aceptar un regalo es un cohecho? ¿Qué tipo de regalos son políticamente admisibles y cuáles no? Dejando de lado las mentiras iniciales, el tema no es tanto si el receptor es un cargo público o de partido –que eso parece una simple jugarreta judicial para salir del paso– sino las relaciones de amiguismo, que fácilmente pueden llegar al cohecho, como se desprende en todo esta historia. Una cosa son los regalos protocolarios, y hasta los de aniversarios o celebración de eventos –y aún así debería legislarse sobre su cuantía– y otra bien diferente los que van dirigidos a comprar voluntades. ¿Dónde situamos el límite? Lo cierto, es que Camps mintió y sus trajes no pasarán de moda. Seguirán dando mucho que hablar.