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Vicente
23 de mayo de 2018

Hace un año saltó la alarma entre un número significativo de ciudadanos que habían recibido una notificación de SUMA advirtiéndoles de que habían sido revisadas algunas de sus propiedades inmobiliarias (casas urbanas, casas rurales…) regularizando los valores catastrales de las mismas.

Desde el Grupo Socialista preguntamos al equipo de gobierno por esta regularización. Se nos dijo que suponía para estos ciudadanos una tasa (un coste) de 60 € en cada uno de los casos. Pero lo que se omitió de esa revisión es que, en caso de no efectuar alegaciones, quedaría consolidada con cuatro años de retroactividad. La mayoría de las personas a las que iba dirigida esta actualización, no están familiarizadas con el funcionamiento de la Administración Pública y, por tanto, muchos de ellos nunca se plantearon alegar porque ni siquiera sabían que podían hacerlo.

Desde el Grupo Socialista exigimos al equipo de gobierno de PP-ADIi que informara a los afectados de todos sus derechos y obligaciones, haciendo uso de la radio pública o de cualquier otro medio.

La respuesta que recibimos fue que ese “procedimiento de regularización catastral” era una acción del Catastro (Ministerio de Hacienda) a través de SUMA  dirigida a aflorar las construcciones que no estaban declaradas, y que “no era competencia del Ayuntamiento explicar o informar sobre este tema”.

Este actitud indolente ante los ciudadanos tiene, un año después, sus consecuencias negativas. Muchos ciudadanos que no entendieron, porque tampoco se les explicó, el verdadero sentido de la regularización, su capacidad de alegar y que se limitaron a pagar los 60 euros, porque pensaban que eso era lo único que tenían que hacer, ahora se enfrentan a pagos desorbitados. Propiedades rústicas que venían costando 17 € de I.B.I., tras la regularización, les llega el recibo por importe de 170 €, más otros 640 € que se les reclama de los 4 años anteriores.

Jubilados con pensiones de menos de 700 € se enfrentan a notificaciones  de pago de 2.000 y 3.000 euros por los atrasos, a los que les va a resultar difícil, si no imposible, hacer frente a esa deuda inesperada.

Posiblemente no sea estrictamente “competencia del Ayuntamiento explicar o informar sobre este tema”, pero es la administración más cercana al ciudadano y su función es ayudarlos. En ningún caso defendemos una amnistía en las obligaciones de los ciudadanos, pero si el equipo PP-ADIi hubiese tenido algo de sensibilidad, con un mínimo esfuerzo, se hubiesen podido evitar muchas de estas situaciones límite.

Vicente Bernabeu Brotons
Concejal del Grupo Municipal Socialista de Ibi

Categorias: Destacados, Opinión, Teletipo

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