Los centros privados anunciaron que los dependientes que no pudieran pagar su plaza tendrían que abandonar el centro, son las mismos que se han beneficiado a través del conseller Juan Cotino , que les prometió en su día el 33% de la ocupación de plazas públicas bien pagadas por la administración. En el caso de los geriatricos privados del grupo «Savia», ligado a la familia Cotino se multiplicaron las estancias subvencionadas hasta el 180%
Ahora el gobierno de Camps no puede cumplir las promesas, como no han construidos geriátricos públicos y además estamos en la más absoluta bancarrota pues unos y otros tienen que ajustar precios, «si no me pagas lo que yo entiendo que valen las plazas mando a la gente dependiente a su casa y se arma el follón padre».
La estrategia ha sido de lo más siniestra, de una sinvergüencería indignante, apoyada y respaldada por todos los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que han tragado con todo sin importarles un comino los dependientes y sus familias. Un claro ejemplo lo tenemos en Ibi, donde no se apoya a los dependientes y se van retirando recursos económicos en los servicios sociales a costa de mantener el nivel de los vinos de honor y fiestas varias.
No podemos faltar mañana martes a la concentración convocada por la Plataforma en Defensa de los Dependeientes ,en las puertas de Novaire en Alcoy a las 20H para denunciar la inestabilidad de unos derechos que nos pertenecen por ley , por unos políticos insensibles e irresponsables en materia social, educativa y sanitaria.
El PP gobierna la Generalitat Valenciana desde 1995. Entre sus competencias está la de construir geriátricos y centros especiales para personas dependientes. Lejos de planificar y hacer lo que les corresponde, se han dedicado a proporcionar suelo público y facilidades a los centros privados con la excusa de concertar plazas públicas en estos centros, plazas que ahora no pueden pagar porque no tienen ni un euro.
El gobierno de España propone y aprueba el 14 de diciembre de 2006 una ley para integrar la atención a la dependencia en el sistema público de servicios sociales. La ley contempla la obligación del sistema de ofrecer un catalogo de prestaciones para que las personas dependientes tengan una vida digna. La ley hace posible una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que los servicios públicos prestarán atención especializada.
En la Comunidad Valenciana no se han construido centros públicos, en su lugar se han concertado con los centros privados un número de plazas que ahora el gobierno de Camps no quiere pagar porque se han gastado el presupuesto en otros menesteres más propagandísticos y colosales, con lo cuál las personas que han luchado por conseguir una plaza pública para sus dependientes se pueden ver en la calle en el momento que la Generalitat deje de pagar a los centros privados.
La Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, como viene denunciando la Plataforma en defensa de la Ley de dependencia, no tienen como objetivo principal ofrecer una “paguita” a los familiares de las personas dependientes sino la de ofrecer todos los servicios necesarios para conseguir que las personas que sufran cualquier dependencia puedan tener una vida digna, centros especializados y todos los servicios que la administración pública debe ofrecerles para conseguir su propia autonomía, la rehabilitación necesaria y la integración social de todos los dependientes.
No nos vamos a quedar cruzados de brazos. Aunque Canal 9 ignore este tema, vamos a denunciar enérgicamente estas decisiones de la Generalitat Valenciana que tanto discriminan y perjudican a las personas que más necesitan el apoyo de las administraciones públicas.
¿Que van a hacer la Concejal de Servicos Sociales de Ibi y la Alcaldesa ?
Susana Hidalgo