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La valla de la alcaldesa ¡vaya valla!

En política, cuando las iniciativas se toman por una demanda social muy numerosa en la que se reivindica, de manera justa, el cambio de una norma que ha quedado desfasada o no tiene sentido en ese momento, puede considerarse que los políticos están adaptando las normas a las exigencias del momento y por tanto están cumpliendo con la misión de atender necesidades sociales y mejorar las condiciones ciudadanas.

Cuando el político cambia la norma atendiendo sólo y exclusivamente a su interés personal y particular, por mucho que lo revista de beneficio para otros pocos, está actuando contra la ética política y está abusando de un poder que le delegaron los ciudadanos para que actuara por el bien general y no por el suyo particular.

En Ibi desde que “manda” Maite Parra, estas situaciones se han dado en muchas ocasiones, la última, traspasa todos los límites permitidos. En el último pleno se aprobó una modificación del Plan General de ordenación Urbana que LEGALIZA una ILEGALIDAD URBANÍSTICA cometida por la primera “mandataria” ibense.

Para realizar este atropello necesitó de la complicidad de sus compañeros, concejales del Partido Popular, que a pesar de sus caras de expectación y preocupación no dudaron en darle apoyo incondicional a la presunta ilegalidad que se estaba votando. Rafa Pastor se abstuvo, pero seguramente lo más curioso fue la intervención de Antonio Granero. Este concejal manifestó la conveniencia de revisar esta modificación puesto que la anchura de los caminos que se iba a aprobar podría crear verdaderos problemas en caso de emergencia. Sería interesante que este concejal explique por qué, después de decir esto, aprobó esta aberración ya que su voto fue decisivo.

La manipulación de la máxima “mandataria” es enfermiza. Quiere hacer creer que su valla es de 1997. No sé ni mi importa, lo que está muy claro es que la actual se ha construido con posterioridad a abril de 2007, eso lo saben sus vecinos, todas las personas que pasan por ese camino y los albañiles que la hicieron.

El medio ambiente a la alcaldesa le importa un bledo, se puede comprobar con la valla pero también con el último atropello a los cipreses del Centro Social Polivalente.

La ordenanza municipal reguladora de la protección del arbolado y las zonas verdes dice que a toda persona que cometiera una agresión de este tipo se le aplicarán las sanciones a las que hubiera lugar.

La máxima responsable es la alcaldesa, ¿qué sanción le corresponde?, ¿qué sanción le han impuesto? Me imagino que la misma que le han impuesto por la ilegalidad de su vallado, es decir, ninguna.

¿Con qué cara va a exigir esta señora, que se cumpla la ley, si es ella la primera que la incumple?

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