Son muchas las preguntas que vienen a mi mente referentes al sistema judicial:
¿Qué justicia tenemos que, amparándose en el derecho a la defensa de un imputado, se carga al juez que lo investiga?
¿Por qué en otros casos similares basta con desestimar las escuchas apoyadas por la fiscalía pero nunca se encausa al juez?
¿En los régimenes totalitarios se actuaba realmente así, como defiende la acusación, o la información la obtenían torturando al imputado o al abogado?
¿Un abogado que defiende a un imputado, sabiéndolo culpable, no prevarica?
¿Se garantiza el mismo derecho constitucional a la defensa a «un menda que da un palo de 200 euros» para poder comer y le asignan un abogado de oficio, que a un corrupto estafador que tiene una legión de abogados y fiscalistas en nómina?
¿A alguien le parece normal que coincidan en el tiempo tres juicios paralelos contra Garzón?
¿No es muy alarmante que también ahora decidan investigar al juez que está llevando el caso Urdangarin?
Inhabilitar al juez Baltasar Garzón durante 11 años considero que es una condena desorbitada e irresponsable. Su trabajo de investigación permitió desarticular el crimen de Estado de los GAL durante el mandato socialista, las redes de narcotráfico más poderosas, el entramado que alimentaba a ETA, algunas de las células del terrorismo islamista más peligrosas que operaban en España y la red de corrupción masiva más extensa vinculada al PP.
Ha sido condenado por siete magistrados del Supremo a 11 años de inhabilitación por prevaricar al ordenar grabar las conversaciones de los jefes de la red Gürtel con sus abogados en la cárcel. Podría entender que si el tribunal llega a la conclusión de que se ha excedido en sus métodos para conseguir la verdad en los casos investigados, se le imponga una multa y que se retiren las escuchas del procedimiento en todo caso, porque lo que han conseguido es apartar al juez de cualquier investigación iniciada o por iniciar.
En esas conversaciones, se trazaron planes para evitar que la Justicia alcanzara el dinero que los corruptos habían acumulado como consecuencia de sus negocios en colaboración con dirigentes del PP, lo cuál demuestra que la trama seguía burlándose de la justicia y de todo hijo de vecino. En el juicio, Garzón y los policías que testificaron coincidieron en que no había otra solución que las escuchas para impedir que los de la trama siguieran delinquiendo. La sentencia dice en este punto que la investigación criminal “no justifica en sí misma cualquier clase de actuación”.
Lo mas preocupante es que el desprestigio del Tribunal Supremo Español crece a los ojos de todo el mundo, expertos en la materia entienden que no le han perdonado al juez Garzón que ordenara la detención de Pinochet, que se ha enfrentado como nadie al terrorismo superando la barrera del miedo: hizo frente al terrorismo de Estado de los GAL, al terrorísmo islámico y al de ETA. Podemos decir que gracias a profesionales como él hemos visto el final del terrorismo en España, porque su contribución ha sido indispensable en todo el proceso de desarticulación de la banda terrorista. Lo que menos tragan muchos herederos del régimen es que el juez Garzón haya oido a las victimas de franquismo que solicitaron justicia. Solo pedían enterrar a sus muertos dignamente. En este caso de la memoria Histórica, destacados juristas de todo el mundo han apoyado las acciones de Garzón y el derecho internacional establece que crímenes de tal gravedad no pueden ser objeto de amnistía. Parece increíble, pero España ocupa el segundo lugar del mundo en número de fosas clandestinas.
Garzón recurrirá ante el Constitucional la decisión del Supremo de expulsarle de la carrera judicial. Las probabilidades de éxito, según las fuentes jurídicas consultadas por la cadena SER, no son elevadas.
Si aquí tampoco se colmaran sus expectativas, tendría que quemar el último cartucho y acudir al Tribunal de Estrasburgo. Este proceso puede llevar años, incluso una década. ¿Se hará justicia entonces?