El primer punto del día trataba sobre el Palacio de Justicia. El ex-presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró el Palacio de Justicia de Ibi el 27 de enero de 2009. El Ayuntamiento se había comprometido a adelantar el dinero de las obras (1,2 millones, más 150.000 euros de equipamiento) y Camps a devolverlo. En el punto del orden del día se votaba un trámite para que la Generalitat pueda comprar el Palacio de Justicia al pueblo de Ibi y así devolvernos el dinero. Estamos totalmente de acuerdo con que la Generalitat nos pague pero las preguntas son cómo, cuándo y cuánto nos va a pagar. Votamos abstención porque en el expediente no aparecía por ninguna parte cuestiones tan importantes como en cuánto han valorado el Palacio de Justicia o cuánto nos pagaran anualmente.
Bien es cierto que la concejal de urbanismo y portavoz del PP, Mª Amparo Pina, nos explicó el tema del Palacio de Justicia en la junta de portavoces, pero las palabras se las lleva el viento y lo que cuenta son los documentos donde se plasman los acuerdos a los que hay que llegar y las condiciones de los mismos, y de eso en el expediente no había nada de nada. Por eso mismo tenemos derecho a pensar que esto no es más que un respiro para Generalitat que pretende pagar la deuda en unos 8 años (como mínimo) y sin abonar los intereses que ya hemos pagado los ibenses (un chollo para ellos y una ruina para nosotros).
La que se otorga a si misma el título de “heroína“, Doña Maite Parra Almiñana, no entendió la abstención o mejor dicho, no quiso entenderla y propinó todo tipo de descalificaciones hacia la oposición: “que no trabajamos por el pueblo de Ibi y que somos unos cobardes”. Ella ha conseguido el Palacio de Justicia para “su” pueblo… eso sí, no ha conseguido cobrarlo.
El que dice lo que no debe oye lo que no quiere y por eso le contesté con indignación: no tenemos Centro de Día (prometido para 2006), no tenemos geriátrico público, estamos pagando la deuda del Palacio de Justicia con la boca cerrada, no tenemos la rotonda de la cooperativa que Camps nos prometió ni el pabellón que también nos debe, nos hemos hecho cargo de gastos que hasta ahora eran de Generalitat, como el mantenimiento de algunos tramos de la carretera hacia Alcoy y hacia Castalla,… y este servilismo político por parte del Maite Parra no nos beneficia al conjunto de los ibenses en nada. Ese es el precio del asiento de diputada en las Cortes de Mayte Parra. La Generalitat hace y deshace lo que le viene en gana siempre pensando en clave electoral y el equipo de gobierno pide cita con los conselleres día sí y día también (no les atienden, pero nos mandan a un delegado del Consell para hacerse la foto y de paso pedirnos paciencia).
Otro punto del día trataba, como ya hemos dicho anteriormente, de reconocer extrajudicialmente facturas que no se pagaron en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento por diversos motivos (algunos muy curiosos). A este punto el Grupo Municipal Socialista presentó una enmienda a la propuesta para que se excluyeran de este paquete de facturas dos que no tienen por donde cogerlas. EU presentó otro enmienda en el mismo sentido y el CDL no presentó nada pero lo dijo de viva voz.
De las facturas excluidas, porque finalmente el equipo de gobierno del PP se vio obligado a retirarlas, una es de la empresa Elecfes S.L., de 48.536 €, por la iluminación extraordinaria de navidad, factura que ya se excluyó en un pleno celebrado el 7 de febrero de 2011 porque supera el importe establecido para contratos menores (máximo 30.000€) y hubiera requerido procedimiento de contratación, es decir, que se adjudicó a dedo y eso es ilegal según la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
La otra responde a la empresa Castelló Construcciones e Infraestructuras S.L., que demanda 41.301,66 € de la última certificación de obra, es decir que se pasa del presupuesto y en la factura final dice que ha realizado más trabajos de los que tenía previstos, en concreto, trabajos en valor de 41.301,66 € más de lo previsto. Es curioso que a la factura le acompaña un informe del interventor sin firmar y un informe del técnico municipal competente que dice que no puede valorar si esto es válido o no porque él no dirigió la obra y el que la dirigió no incluye la documentación necesario que indique donde se han producido los incrementos de medición y que motivos las genera. Es decir, nos pedía que paguemos algo fuera de presupuesto y además que no se ha demostrado que se ha hecho.
En fin, un pleno más con polémica (como vienen siendo ya habitual) y con el feo gesto del PP de convocarlo con temas controvertidos cuando un grupo de la oposición no está completo.