Las Cortes Valencianas inician la actividad después de 55 días de paro, desde antes de Navidad. El PP, partido que gobierna a sus anchas desde hace 18 años en la Comunidad Valenciana, con más de diez diputados imputados, acusados o investigados por casos de corrupción, deben de pensar que no es necesario trabajar. Es muy curioso que muchos que dicen no ser políticos ni entender de política, los mismos que se pasaban horas criticando duramente a Zapatero, ahora no quieren hablar de Gürtel, ni de todos los casos de corrupción en la Comunidad Valenciana, prefieren pasar de puntillas por el tema de los “sobres” en el caso de política nacional, ni quieren hablar de Miguel Ángel Agüera, Onsurbe, Maite Parra, etc, y mucho menos de la amnistía fiscal impulsada y defendida por Montoro, el gurú de la economía española. Estas personas, que siempre dicen ser apolíticos, cuando gobernaba el Partido Socialista criticaban al Partido Socialista y ahora que gobierna el PP y se ha destapado esta gran trama de corrupción en su seno, critican a la «clase política». Tiene narices la cosa. Supongo que si se les pregunta dirán que «es por no politizar».
La mayoría de las reformas y leyes, con sus consiguientes recortes, del gobierno de Rajoy han empobrecido la sociedad española para décadas. Ahora empezamos a ver como la prensa internacional nos dice que estamos en el buen camino, que nos acercamos al nivel de déficit que exige la Troika, pero no dicen que la sociedad española tienen muchos menos derechos que hace unos años, que tenemos muchos más parados y que el nivel de vida ha bajado peligrosamente hasta el punto de poder romper el equilibrio de cohesión social.
Todas estas leyes a base de decretazos tienen difícil encaje constitucional y legal; desde la Reforma Laboral, la de la negociación colectiva, las tasas judiciales, el co-pago farmacéutico, la amnistía fiscal, el euro por receta, los recortes de pagas extras a empleados del sector público, todas han contado con reparos o informes desfavorables del Consejo de la Abogacía del Estado, de todas las Asociaciones Judiciales, el Consejo de Estado, la Audiencia Nacional e incluso el propio Tribunal Constitucional.
La política impuesta por la Troika y Rajoy, como alumno aventajado, no persigue ni la Justicia, ni el buen gobierno, ni la Democracia, ni el bien común, simplemente la subordinación de la sociedad al capitalismo sin reglas.