16 de diciembre de 2013
El pasado viernes, representantes de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de la comarca estuvimos en la puerta del PROP en Alicante junto a la Plataforma de Alicante, vecinos, dependientes alicantinos y sus familias, diputados del PSPV-PSOE, EU y COMPROMIS en las Cortes valencianas y apoyados por todos los integrantes de la «Marcha por la Discapacidad», reivindicando lo que es justo por pura humanidad, que las personas dependientes y sus familias estén totalmente atendidas. En el 7º aniversario de la aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Ayuda a la Dependencia somos muchos los que seguimos luchando por una ley que es de todos y para todos y que bajo ningún concepto debería paralizarse o boicotearse. El concejal de servicios sociales de Ibi, Juan Valls, ya ha anunciado que estará “sobre el tema” y exigirá a la Generalitat todos los derechos de los dependientes, pero lo cierto es que en el pasado pleno voto junto al PP en contra de exigir a Fabra la rehabilitación integral del Centro de Educación Especial Sanchís Banús. El Partido Popular de Ibi dice defender los derechos de tanta gente que exige el derecho a servicios para una mejor calidad de vida de las personas dependientes y sus familias, pero en la Comunidad Valenciana el Partido Popular le ha dado la espalda a una de las mejores leyes de toda la historia democrática de nuestro país. Del dicho al hecho hay mucho trecho y la demagogia política del PP no tiene fin, a nivel nacional, autonómico y local.
Manifiesto 7º ANIVERSARIO DE LA LEY DE DEPENDENCIA
Transcurrido un año y medio desde la reforma de la Ley de la Dependencia por medio del Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, que daría el pistoletazo de salida a todos los recortes y copagos secundados por el Gobierno de la Generalitat Valenciana, se consolida la dinámica de destrucción paulatina del sistema sin que éste haya mejorado en ningún aspecto. Dicha reforma ha impactado de manera más cruel en las personas en situación de dependencia impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo; fomentado la desatención y parálisis por parte de las administraciones autonómicas responsables por la vía de estrangular la financiación, abandonando a las cuidadoras familiares (mujeres en el 97% de los casos) -y como daño colateral gravísimo- destruyendo empleo y tejido productivo del sector de los cuidados. Cada diez minutos un beneficiario de la Dependencia se queda sin atención y cada media hora, un trabajador pierde su empleo.
El País Valencià obtuvo la última posición en la escala de valoración territorial de implantación de la Ley que realiza el Observatorio Estatal de la Dependencia : un 0,4 en una escala que mide del 0 al 10. El gasto público también es el cuarto por la cola de todas las CCAA.
A punto de finalizar el año, el Gobierno Valenciano, falto ya de la más absoluta credibilidad, sigue sin cumplir con sus compromisos de pago, adeudando dos meses de prestaciones y el pago de la retroactividad correspondiente al año 2013.
La atención a las personas discapacitadas y dependientes no puede estar sujeta a ajustes presupuestarios. Es indecente e inmoral. Y más cuando estos ajustes presupuestarios son la consecuencia de unas políticas de despilfarro y corrupción que ahora se ceban con los más débiles e indefensos de nuestra sociedad.
Susana Hidalgo Vidal
