27 de febrero de 2014
El pasado 17 de enero, los socialistas ibensen registramos en el Ayuntamiento una moción contra el copago de las personas dependientes. Esta moción, siguiendo los cauces legales, debería de haberse tratado en comisión para posteriormente ir al pleno ordinario de enero para su rechazo o aprobación definitivo, pero no ha sido así. A está moción se suma una en iguales términos presentada por los compañeros de EU.
Estos días la prensa escrita publicaba la noticia de que han sido, de momento, 20 ayuntamientos valencianos los que se han opuesto a este copago, muchos de ellos gobernados por el PP. Pincha aquí para ver la noticia.
Juan Valls, concejal de Bienestar Social de Ibi, se abstuvo en la votación al igual que el PP. No deben de tener muy clara su postura. Lo único que dijo en el debate sobre el tema es que son muy pocas personas las que tendrán que pagar un 90% de sus ingresos para cubrir el copago exigido por el PP. También se sumo a las declaraciones recurrentes de la antigua alcaldesa Maite Parra, echándole la culpa a Zapatero. Está claro que no sabe ni de que habla. Con estos razonamientos y este criterio poco o nada puede esperarse de un concejal que debería de defender los derechos de los dependientes con uñas y dientes. A los jóvenes concejales del PP, Juanjo Santoyo, Abel Martínez, Antonio Rico y Rubén Barea, no les interesó mucho el tema, como si con ellos no fuera la cosa.
El boicot a la ley de Autonomía y Ayuda a la Dependencia ha sido el ataque más brutal del Partido Popular a las políticas impulsadas por el gobierno socialista, políticas que fueron aprobadas por todos los grupos políticos en el congreso, incluido el propio PP en un ejercicio de hipocresía.
El sector de la discapacidad está sufriendo una reducción inaceptable en sus prestaciones, que comenzó con el recorte en las cantidades económicas que les correspondían por la aplicación de la Ley de la Dependencia. Continuó con la eliminación de un derecho consolidado como el de la gratuidad de las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas para dependientes, el llamado copago farmacéutico, que fue impuesto desde febrero de 2013 a los menores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y a los mayores de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 65%. Y a todo esto hemos de añadir los copagos médicos y el “medicamentazo” aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012.
Con este nuevo decreto el PP impone un nuevo copago en los centros de día, talleres ocupacionales, residencias y viviendas tuteladas destinadas a personas con discapacidad y dependientes.
Esta medida dispone que la aportación de los usuarios y usuarias de los centros pueda ser de hasta el 90% de la pensión, cuando hasta ahora podía ser como máximo del 75%.
Además el copago se realizará de 14 mensualidades, es decir dos más que en 2013, cuando las personas no hacen un uso superior a las 12 mensualidades. Los centros serán los responsables y recaudadores de este cobro.
Además asistimos al continuo incumplimiento de los pagos a las entidades que gestionan los centros y a los profesionales del sector, que lo han puesto al borde de la quiebra.
A esta mala gestión y falta de voluntad política por resolver los problemas de financiación, sumamos la aprobación de estas medidas que son excluyentes y brutales. El tratamiento de las personas con discapacidad, muchas de ellos niños y niñas, ya no se decide por criterio médico, sino por la capacidad económica de las familias. Y ahora con este nuevo decreto de copago muchas familias no van a poder asumir el elevado coste de las plazas en centros y residencias; así sólo se agravarán las situaciones de desigualdad cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.
Por primera vez en 31 años, las personas con discapacidad van marcha atrás, especialmente en nuestra Comunitat. Ante este injusto retroceso, no cabe otra cosa que reclamar al gobierno valenciano la restitución de todos aquellos derechos recortados.
Reivindicamos pues nuestro sistema de bienestar ya que éste, además de otorgar beneficios a la ciudadanía, es una inversión colectiva y de futuro, defendiendo la protección social como un derecho universal y garantizando la cobertura de los servicios.
El partido socialista ha presentado varias iniciativas en las Cortes Valencianas dirigidas a la protección de los derechos consolidados de las personas con discapacidad, gravemente perjudicados por las últimas normas aprobadas por el PP. Entre otras, y con este objetivo, se presentó una Proposición de Ley sometida a debate en mayo de 2013 y los diputados del partido popular votaron en contra, impidiendo que prosperara.
El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV), plataforma que representa al 95% de los más de 400.000 discapacitados de la Comunitat, denuncia que el nuevo copago genera una precarización de las personas con discapacidad y va frontalmente en contra de los derechos humanos y de la promoción de la autonomía personal. Es más, se está poniendo en peligro la dignidad de las personas atendidas, los puestos de trabajo, la supervivencia de muchos centros y la sostenibilidad del sistema de servicios sociales, en el que las familias ya participaban, pero en cantidades asumibles, aproximadamente en un 30% del coste del servicio.
Esperemos que esta propuesta socialista de suprimir el copago vaya al próximo pleno y sería deseable que explicaran con argumentos, tanto Juan Valls como el PP, por qué prefieren no apoyarla.
Susana Hidalgo Vidal