El Gobierno moviliza 200 mil millones de euros, el 20% del PIB español, para ayudar a trabajadores, autónomos y empresas ante el parón de la economía.
Estas son las principales medidas:
Empresas
Exención del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTE y no despidan. Una medida que busca priorizar la suspensión temporal de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos.
Los trabajadores afectados por un ERTE a causa de la crisis del coronavirus, tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.
Blindaje de empresas estratégicas ante OPAs extranjeras. El Gobierno blindará a las empresas españolas para impedir que la caída de su cotización sea aprovechada por empresas de países de fuera de la Unión Europea para hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos.
Se promueve el teletrabajo, permitiendo a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.
Línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado.
Línea de de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía.
Autónomos
Prestación extraordinaria por cese de actividad. Esta prestación extraordinaria, que duraría un mes con posibilidad de prórroga, se calculará con el 70% de la base reguladora o con el 70% de la base mínima cuando no se pueda acreditar el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación.
Exoneración de pagar las cuotas a la Seguridad Social. Sin embargo, tendrán que seguir abonando las cuotas de autónomos, pese a no tener ingresos.
Los beneficiarios de estas medidas serán los autónomos cuya actividad quede suspendida por la declaración del estado de alarma o cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.
Familias
600 millones de euros para prestaciones básicas de los servicios sociales de las CCAA, con especial atención en la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
Garantía de servicios públicos “esenciales” como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.
Moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean mermados sus ingresos.
