El PAIS. Eurodiputados populares reprenden a sus compañeros y los socialistas destacan la falta de agua para las nuevas viviendas.
El parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), Neil Parish, insistió ayer en que la petición de una moratoria para el urbanismo de la Comunidad Valenciana está respaldada por todos los grandes grupos políticos y por muchas delegaciones nacionales. No obstante, Parish reconoció que sus colegas del PP español, y particularmente los populares que gobiernan en la Comunidad Valenciana, no comparten este punto de vista. “Les hemos dicho a nuestros colegas del Partido Popular que tienen que arreglar esto, no pueden esconder la cabeza en la arena y hacer como si nada pasa”, indicó.
Los eurodiputados del PP español fueron los únicos que defendieron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido, José Manuel García Margallo recalcó que la UE no tiene competencias en materia de urbanismo y que estas cuestiones deben resolverse en España. “No estoy dispuesto a oír en esta comisión que se diga que España es una república bananera en la que las leyes no puedan recurrirse ante un Tribunal Constitucional o donde cualquier ciudadano que ve lesionados sus intereses no tiene recursos suficientes. Los tiene. España es un Estado garantista”, destacó. El popular Carlos Iturgaiz aseguró que el Consell ha hecho un “gran esfuerzo” para mejorar la ley urbanista valenciana y proteger mejor los derechos de los propietarios. Finalmente, Gutiérrez Cortines aseguró que está en contra de la figura del urbanizador y se mostró partidaria de pactar con el PSOE la financiación de los ayuntamientos para evitar este tipo de problemas. No obstante, señaló que “se está engañando a las víctimas” al hacerles creer que la UE puede hacer algo en este caso.
El resto de eurodiputados españoles expresaron su apoyo a los denunciantes y criticaron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido intervinieron los socialistas Maruja Sornosa, Vicent Garcés e Inés Ayala; el parlamentario verde David Hammerstein; el representante de Izquierda Unida, Willy Meyer; y el de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva.
Sornosa pidió a la Comisión que, además de las cuestiones de contratación pública, investigue todas las quejas que tienen que ver con que no se respeta suficientemente la directiva de evaluación de impacto ambiental, las relacionadas con desarrollos urbanísticos en zonas protegidas y las que denuncian que no habrá recursos hídricos suficientes para atender a las nuevas viviendas.
En el debate mantenido ayer en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos. “En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en el año presupuestario 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria”, pidió. Bösch acusó a la representante del Consell-la secretaria autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña- de “tomar el pelo” a los eurodiputados y desaconsejó cualquier inversión en la Comunidad Valenciana.