La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, presentó el anteproyecto de ley, que es en realidad la trasposición de una directiva europea que trata de prevenir el blanqueo de capitales. Sin embargo, Bruselas no obligaba al Gobierno español a poner el foco sobre las «personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos», pero el Ejecutivo ha querido ir más allá y poner en la mirilla a los políticos.
La razón que da el Gobierno para lanzar esta medida es que ese colectivo tiene un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. «La actividad de los políticos entraña más riesgo de cometer estos delitos que el resto de la sociedad», apuntaron.
Bancos, cajas y el resto de entidades que la ley denomina «sujetos obligados» tendrán listados de sus clientes que se dediquen a la política. Para ello, la ley les autorizará a crear ficheros con los datos identificativos de los afectados y, lo que es más, le dará la posibilidad de consultar los ficheros preparados por las otras entidades convertidas en colaboradores.
El texto de la ley añade que los políticos que pasen a formar parte de estos ficheros no tienen derecho a saberlo. «Los sujetos obligados -o sea, las entidades financieras- podrán recabar la información disponible acerca de las personas del medio político, sin contar con el consentimiento del interesado, aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público».