¿Quién decide?

Por Susana Hidalgo Vidal
El anteproyecto de ley de despenalización del aborto, que debe ser aprobado por el Parlamento, augura varios meses de intenso debate, debido a la oposición de la Iglesia Católica y los partidos conservadores.
Espero que en ese debate se piense en todos los supuestos. Algunos pueden pensar que una mujer de 16 años no está capacitada para tomar la decisión de abortar, pero ¿si está capacitada para tener un hijo con todo la responsabilidad que ello conlleva?
¿Que pasará en el supuesto que ella quiera tenerlo y los padres sean de la opinión contraria? Que primará lo que decida la madre si se aprueba la Ley.
El supuesto que genera tanta controversia es en el caso de una mujer de 16 años decida interrumpir su embarazo (hasta la semana 14 de su gestación) y sus padres no estén de acuerdo,¿ pero son los padres los que deben decidir? ¿o son los que deben de orientar a su hija y en última estancia respetar su decisión?
La ley actual del aborto en España data de 1985 y permite la interrupción hasta la semana 12, si es un embarazo por causa de violación, y hasta la 22, si hay un riesgo vital para la madre o el feto.
A partir de ese plazo, la nueva normativa contempla la interrupción del embarazo “solo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable”.
En estos casos, será necesaria la autorización de “un comité clínico”, Los casos excepcionales se limitarán a situaciones de “enfermedades extremadamente graves e incurables”, según la resolución del Consejo de Ministros.
De aprobarse finalmente la nueva ley, la interrupción voluntaria del embarazo estará incluida dentro del Sistema Nacional de Salud, y será una prestación “pública y gratuita”. La edad establecida para poder recurrir a esa práctica fue fijada en 16 años, la misma establecida para las prestaciones sanitarias, y a partir de la cual las jóvenes no necesitarán el permiso paterno para interrumpir un embarazo, pero si se pondrá en conocimiento de los padres recibiendo todo la información necesaria para la intervención y todo la información de prestaciones y ayudas en el caso que la mujer decida no interrumpir el embarazo.
Con la nueva ley ninguna mujer será condenada a ir a la cárcel por una interrupción del embarazo, aunque al mismo tiempo, ello no significa que no se castiguen las prácticas ilegales.
La nueva norma sustituye a la actual legislación que data de 1985, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
En el nuevo anteproyecto de ley, hasta la semana catorce de gestación, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente, siempre que, como mínimo tres días antes de la intervención haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si decide seguir con la gestación.
De manera excepcional, hasta la semana veintidós, se podrá interrumpir el embarazo si se produce una situación de “riesgo” para la vida o la salud de la mujer embarazada o de “graves anomalías en el feto”.
En ambos casos, será necesario un dictamen de dos médicos especialistas distintos a los que vayan a llevar a cabo la intervención.
La luz verde del Gobierno es el primer paso de un proceso, ya que ahora el texto deberá ser examinado por los órganos judiciales antes de que el Consejo de Ministros lo apruebe como Proyecto de Ley y lo envíe al Parlamento para su tramitación definitiva.
Nosotros los ciudadanos de a pie tendremos que ser muy objetivos y pensar en todos los supuestos antes de opinar a la ligera, y pensar que esta reforma se basa en datos reales , 112.138 abortos en 2007 el 97´91% en clínicas privadas.