Por Antonio Martos
En el pleno de Ibi celebrado este pasado miércoles 9 de diciembre, quedó patente una vez más la desastrosa gestión del gobierno presidido por Maite Parra.
En el pleno se dio cuenta de varios decretos, es decir, órdenes firmadas por la Alcaldesa o por un concejal responsable de área, en los que se daba por buenas 6 facturas por un total de 45.910 €. En estos decretos, por enésima vez, aparecen reparos de legalidad ya que los tramites seguidos para dar por buenas las facturas no son las legalmente establecidos. Como toda respuesta a una pregunta formulada por José Vicente Verdú sobre estas facturas, obtuvimos las risas de la Alcaldesa de Ibi y de algún que otro concejal. A la primera autoridad, la situación actual en el Ayuntamiento le da risa. Esta es la única respuesta a una gestión económica nefasta, cuya responsabilidad máxima radica en Maite Parra y por supuesto, en el que durante mucho tiempo fue concejal de Hacienda y contratación, Miguel Ángel Agüera.
Pero las lindezas de este pleno no terminaron aquí, volvió a escena el cerro de Santa Lucía. Una vez más, las meteduras de pata (¿intencionadas?) del equipo de gobierno de Maite Parra y del concejal de Urbanismo Miguel Ángel Agüera terminan en malas consecuencias para los ibenses. En el caso de Santa Lucía, están intentando solucionar el desaguisado que ellos mismos provocaron con una decisión unilateral que dista mucho de buscar bien general. Yo diría que en esas decisiones unilaterales, que iban en contra de acuerdos tomados en la Comisión de Urbanismo, pesaron mucho más los intereses personales que los de la ciudadanía ibense.
Aquí en nuestro pueblo, algunos negocios pueden calificarse de “impresionantes” para el que los ha hecho: los terrenos edificables en Santa Lucía los compró una empresa en septiembre de 2006. Dos años después y sin mover ni una piedra, esta empresa reclama al Ayuntamiento 9,5 millones de euros, simple y llanamente por la mala gestión, una vez más, de Parra y Agüera.
Decía ayer en el pleno y lo mantengo, que cualquier coste que tenga este caso lo deben pagar los irresponsables y no las arcas municipales.