Por Antonio Martos Bueno
Este miércoles 14 de abril tuvo lugar la Comisión de Hacienda y Personal. Desde el Grupo Municipal Socialista nos interesamos una vez más por los despidos y la contratación que se han llevado a cabo en Radio Ibi. Solicitamos la documentación pertinente, ya que es pública y debe estar disponible para cualquier ciudadano y, por tanto, también para los concejales de la oposición. Creo que nadie se sorprende ya si contamos que la respuesta verbal fue que todo era “bonito y precioso” y que cualquier “rumor” que circulara en la localidad era una exageración, pero la documentación sigue sin ponerse sobre la mesa. De esta forma es imposible conocer los detalles y condiciones tanto de los despidos como de la contratación.
La semana pasada denunciábamos no haber tenido acceso al expediente de los despidos en Radio Ibi, en las condiciones que habían tenido lugar y cuánto habían supuesto para las arcas municipales. Sobre la contratación, también mantuvimos una reunión con Juanjo Santoyo, Concejal responsable del área de Comunicación, para hablar del tema y solicitar la documentación sobre la contratación pero la respuesta fue la misma, todo de boca pero nada documentado. A este equipo de gobierno le da igual cómo se le pregunte y dónde porque la respuesta siempre es la misma, es decir, ambigüedades en el mejor de los casos, que fomentan la especulación y que van en contra de la transparencia que debe presidir la gestión en cualquier administración pública.
¿Por qué esconden esa documentación pública? ¿Tienen algún interés en alimentar las dudas y los rumores o realmente hay información en esa documentación que les interesa esconder?
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Ibi sigue sin dar explicaciones y continua en la línea de falta de transparencia y, por tanto, generando serias dudas en cuanto a su gestión municipal.
Mayte Parra, como máxima representante del gobierno municipal tiene que poner a disposición de todos los ciudadanos la información solicitada. Estamos hablando de decisiones que afectan a dinero público y por tanto tienen que ser públicos y conocidos todos los expedientes que recogen esas decisiones.