Toques el departamento que toques, te encuentras con el muro del político del área, que cree que tapar la información e impedir el conocimiento es la manera de gobernar. Esa manera de hacer las cosas, negándose a explicar decisiones que dejan mucho que desear, raya en muchos casos la ilegalidad.
¿Qué se oculta cuando se pide un expediente de contratación y se impide el acceso?
¿Qué se oculta detrás de un contrato de un trabajador de la radio que se mantiene oculto?
¿Por qué se silencian las cantidades económicas que han supuesto los despidos en Radio Ibi y Promoibi?
¿Por qué no está ya sobre la mesa un contrato de Promoibi que puede rondar los 300.000 € y que ahora parece que la documentación se ha esfumado?
¿A qué se debe la factura por valor de 48.500 € reclamada por la empresa que monta el alumbrado extraordinario de fiestas si, en principio, el pago a sus servicios ya se habían satisfecho y constaba en las cuentas?
¿Y los extractos de las tarjetas VISA?
Si todo esto es normal, ¿qué interés tienen en ocultarlo?
Esta opacidad, todas estas preguntas que tienen que ver con el dinero público y que nunca son respondidas, son un pésimo indicador de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Ibi dirigido por el equipo de gobierno del Partido Popular.
Antonio Martos Bueno