La sanidad pública cada vez se deteriora más. Cada vez hay menos personal sanitario, las listas de espera son mayores, la inversión en tecnologías es menor y cada vez se invierte más (con dinero público) en el sector privado.
Los juzgados en la Comunidad Valenciana están colapsados pero la Generalitat mantiene inactivos 15 nuevos juzgados que deberían haber abierto antes del 30 de junio. Además, muchos de los juzgados en funcionamiento carecen del material mínimo necesario para realizar su labor (faltan folios, tinta de impresora,… ).
Muchas empresas proveedoras de la Generalitat están asfixiadas por los impagos del gobierno de Camps. De hecho, la Generalitat Valenciana tiene el dudoso honor de ser el gobierno autonómico que peor paga en España.
La (no)aplicación de la Ley de Dependencia en nuestra comunidad es una vergüenza. Este es el ejemplo más claro de lo poco que le importan los más necesitados a nuestros mandatarios autonómicos.
En educación pública estamos a la cola. Cada vez menos inversión en educación pública y más ayudas a la privada y concertada. Cada vez hay menos profesores y las clases cada vez se masifican más, creando el caldo del cultivo perfecto para el fracaso escolar. Cada vez menos becas, consiguiendo que la educación se parezca cada vez más a un lujo y no a un derecho. La educación en nuestra comunidad acaba de sufrir la última embestida del gobierno del Partido Popular con el tratamiento discriminatorio que le va a dar a los idiomas a partir de próximo curso. El PP, que se llena la boca hablando de la Senyera y de lo valenciano, cada vez condenan más al desuso a nuestra lengua.
Eso sí, gastan mucho dinero anunciando que en la Comunidad Valenciana tenemos mucha suerte de disfrutar en algunos centros de las últimas tecnologías. ¿Alguien se ha dado cuenta de que en la mayoría de las comunidades del Estado español estas nuevas tecnologías son una realidad desde hace ya unos años? Esto es el programa “Escuela 2.0” que hace unos años el Sr. Font de Mora rechazó porque “los ordenadores producían miopía en los alumnos”. Nos están vendiendo como un éxito el retraso de los colegios de la Comunidad Valenciana.
Cinco días después de las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, el Consell de Francisco Camps anunciaba la eliminación de las ayudas al alquiler y empezaban a hablar de “copago” en todos los servicios (sanidad, educación,…). Esto, para quien aún no esté familiarizado con el término significa pagar impuesto para mantener estos servicios y además pagar otra vez cuando se hace uso de los servicios. Nos quieren cobrar dos veces por lo mismo, toda una estafa.
A las puertas del verano, nos enteramos de que se suprimen ocho de las nueve brigadas forestales que funcionaban en nuestra provincia.
Sin embargo, esta semana podíamos leer en prensa que los altos cargos de la Generalitat seguirán sin tener límite de gasto en dietas pese a la crisis.
El gobierno de Camps sigue gastando dinero en proyectos como las regatas y la Fórmula 1 (que a mucho nos encanta pero preferimos una buena atención sanitaria o educativa). Se sigue tirando dinero en la deficitaria Terra Mítica. Se gasta lo que haga falta en visitas de líderes religiosos. Se sigue poniendo dinero público en el embellecimiento de Valencia capital, con puentes de diseños y edificios ornamentales con costes millonarios. Se sigue enterrando dinero en una radiotelevisión pública cada vez más multimillonariamente endeudada,…
Estas políticas discriminatorias hacia los servicios públicos aplicadas por el gobierno de Camps en nuestra comunidad hace que sea imposible que los valencianos tengamos las mismas oportunidades que en resto de territorio español.
Pese a todo, el apoyo a todas estas medidas y al proceder de estos políticos es mayoritario. La verdad es que a veces cuesta entender qué pasa en la Comunidad Valenciana.