Justicia para todos

Me serviré del título de la película interpretada por Al Pacino en 1979 para tratar del deseo que tenemos la mayoría.

Llevamos ya una buena temporada en que, debido a las noticias que nos llegan, empiezo a dudar de si la Justicia y los ciudadanos de a pie vivimos en el mismo mundo o lo hacemos en dos planos paralelos que nunca se cruzarán; sobre todo en lo que a los asuntos de los “poderosos” se refiere. Es cierto que una noticia lo es cuando se sale de lo normal. Lo que ocurre muy a menudo es que lo que debería ser la excepción pasa a ser la norma. Ya es normal que cuando uno de estos personajes que destacan en la vida política o incluso en la civil, tienen que rendir cuenta ante la Justicia, todos intuyamos que no se llegará al final y que se quedará a las puertas.

Unas veces por una mala instrucción del caso por parte del fiscal o de la policía judicial o de ambas; en otras por declararse “incompetente” el mismo Tribunal, hay inhibiciones, traslados de jueces o de expedientes, etc.

Ya son numerosas las sentencias en las que se anulan escuchas de los investigados aún reconociéndose culpables del delito, incluso se da el caso de que el mismo juez que las ordena posteriormente las anula. Otras veces se llega a enjuiciar y hasta condenar al propio juez porque ordena grabar las conversaciones, a pesar de que con ellas se evidencie la culpabilidad del presunto. Y no hay que buscar mucho para encontrar claros ejemplos del fenómeno que estoy tratando. Sin ir más lejos, mientras que en días pasados los abogados del caso Brugal conseguía anular escuchas, el Tribunal Supremo sentenciaba que la amistad que une a De la Rúa y Camps no se podía probar.

Muchas veces se invalidan pruebas sustanciales del sumario por motivos técnicos. Cuando vemos cómo transcurren este tipo de procesos, no podemos evitar tener la impresión de que se ha perdido el sentido común en la justicia.

Son ya demasiados los casos como para enumerarlos. Mientras todos estos pleitos, con miles y miles de folios de instrucción son archivados sin más, las arcas públicas van soportando los costes que ello conlleva. El dinero público soporta el coste económico y la sociedad, el coste moral que supone ver cómo la Justicia parece que no viva en el mismo mundo en el que los ciudadanos se ganan el pan de cada día.

El sistema es garantista, tan garantista como hemos querido, eso es cierto. Tan cierto como que a los ciudadanos, que en general no somos juristas, todavía nos queda un poco de sentido común; sentido común que como ya he mencionado, parece que no alcanza a ciertas instancias y les hace vivir de espaldas a la sociedad, en un plano paralelo hasta el infinito que nunca coincidirá con el ciudadano de a pie.