Una auditoría desvelaba las graves deficiencias de seguridad del metro de Valencia que, cuatro días después, desembocaron en el accidente de metro más grave registrado en España.
Una auditoría realizada a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) en el año 2006, unos días antes del accidente de la estación de Jesús en el que murieron 43 personas, detectó irregularidades «graves» en los planes de emergencias de la empresa ferroviaria y en la prevención de los riesgos laborales. La auditoría concluyó que el sistema de prevención de riesgos laborales no cumplía con los requerimientos de la legislación.
Este informe de 2006, anterior al accidente, ha sido ocultado desde Generalitat hasta ahora. Ni la inspección de Trabajo, ni el Instituto Valenciano de Seguridad en el Trabajo, ni el juzgado de instrucción número 21, que investigó el accidente del metro, conocían la existencia de esta auditoría y su conclusión desfavorable, por lo que no tomaron cartas en el asunto.
Apenas cuatro días después de que la entidad auditora detectara estos incumplimientos, 43 personas morían tras descarrilar el metro entre las estaciones de Plaza de España y Jesús.
Entre las deficiencias mas graves detectadas en la auditoría está la relativa a la seguridad en las instalaciones. Los incumplimientos de FGV también se extendían a la prevención.
Se da la circunstancia que nueve meses antes de que la auditoría revelara estas deficiencias, un triple choque de trenes entre Picanya y Paiporta provocó heridas a 35 personas, entre ellas un maquinista que sufrió la amputación de una pierna por debajo de la rodilla. El representante del Sindicato Independiente Ferroviario (SIF) solicitó que se instalaran balizas de frenado en la Línea 1. Esta solicitud se desestimó por considerarla “innecesaria”. Nueve meses después descarrilaba otro tren tras pasar a 80 km/h por una curva limitada a 40, sin ninguna baliza que lo frenara.
Las víctimas del accidente de metro entregaron al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a la consellera de Infraestructuras y presidenta de FGV, Isabel Bonig, un abultado dossier que incluía la alusión a las irregularidades en la prevención de riesgos laborales de la empresa. Según explica la asociación de víctimas en un comunicado, “si bien nos han atendido correctamente, han mantenido en todo momento una clara intención de defender la gestión del accidente, sin entrar a “valorar” los documentos que hemos aportado.
Han insistido en que ya hubo una investigación del accidente y que hay que aceptar su resultado, sin tener en cuenta nuestras denuncias de “no imparcialidad” al tener en cuenta solo los documentos y testimonios que el Grupo Parlamentario Popular consideró relevante.
Tampoco han explicado cómo se puede mantener que el accidente era inevitable, cuando la juez dice que con una baliza se podía haber evitado el accidente.
Y no han entrado a cuestionar la gestión de FGV, a pesar de que les hemos presentado las actas del Comité de Seguridad en la Circulación, donde se pedía el proteger las señales de limitación con balizas, y que FGV rechazó instalar, dejando así, totalmente desprotegida la curva de entrada a la estación de Jesús”.
La única respuesta que obtuvieron de Fabra fue que justificaría por escrito su negativa a investigar de nuevo el accidente.
Las familias de las víctimas defienden que si se hubieran resuelto las deficiencias detectadas en la auditoría de la empresa y se hubieran aplicado las conclusiones del Comité de Seguridad se habría evitado la muerte de las 43 personas que viajaban en aquel tren.
Lo realmente preocupante, es que a pesar de todas las que han hecho, muchos valencianos sigan creyendo en estos políticos que dirigen la Comunitat Valenciana.