Estos últimos días hemos podido conocer por los diferentes medios de comunicación más información sobre el caso de la Caja B del Polideportivo.
Ayer domingo pudimos leer en un medio escrito parte de las transcripciones de dos conversaciones, una entre el gerente del Polideportivo y el Concejal Miguel Ángel Agüera, y otra entre el primero y el Interventor del Ayuntamiento. En ambas grabaciones se afirman cosas gravísimas que pueden ser constitutivas de delito.
Parece ser que toda esta información se ha puesto a disposición judicial y por tanto serán los jueces los que decidan las actuaciones penales a las que hubiera lugar. No obstante, por todo lo ha salido a la luz desde 2007 hasta hoy referente a la mala gestión en el Ayuntamiento de Ibi, el Grupo Municipal Socialista exige responsabilidades políticas al equipo de gobierno del Partido Popular.
Ante lo insostenible de la situación y el desprestigio de la institución municipal, se deben tomar medidas urgentes para devolver al Ayuntamiento la normalidad que no debería haber perdido.
En primer lugar consideramos que el Grupo Municipal Popular debería destituir inmediatamente a Maite Parra y Miguel Ángel Agüera y designar para ocupar sus cargos a personas solventes que trabajen realmente por los intereses de Ibi.
En segundo lugar, y en el caso de que el Partido Popular del Ayuntamiento de Ibi no considere oportuno tomar la anterior medida, los once concejales de la oposición debemos tomar decisiones urgentes para devolver la cordura y la buena gestión al Ayuntamiento.
En tercer lugar se hace imprescindible realizar la auditoría de la gestión económica de los últimos años para conocer de primera mano la situación real de las arcas municipales, así como de los procesos de contratación y adjudicación que se han realizado en los últimos años.
Por último, es necesario conocer los gastos e ingresos de los últimos años tanto del Polideportivo, como de Promoibi y el de todas las dependencias del Ayuntamiento que por sus actividades hayan cobrado directamente a los ciudadanos por los servicios públicos prestados.