Garzón se enfrenta estos días a un juicio donde está acusado por investigar las desapariciones durante la guerra civil española y la posterior dictadura del general Francisco Franco. Según la acusación, habría cometido un delito de prevaricación ignorando la Ley de Amnistía aprobada en España en 1977.
El juez Garzón defiende que inicia las investigaciones a partir de las denuncias que en diciembre de 2006 presentaron en su juzgado las asociaciones de Memoria Histórica y varios particulares, los cuales describían un “plan preconcebido” y “sistemático” de eliminación de personas, desapariciones forzosas, enterramientos ilegales, secuestro de niños y torturas, que encajaban dentro de los crímenes contra la humanidad.
“En un comunicado, al que se adhieren Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades así como la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia, señalan a la Sala Penal del Supremo como responsable de “resurgir los valores del franquismo”. Sostienen, en contra de lo defendido por el juez Varela, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”. Y repiten que “nada valen las amnistías nacionales, cuando se producen crímenes atroces contra la Humanidad.”
Dos asociaciones ultraderechistas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, presentaron querellas contra la actuación del juez, por las que hoy se sienta en el banquillo de los acusados y afronta la petición de hasta 20 años de inhabilitación.
Los tres testigos que han declarado este miércoles en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo se han convertido en los primeros representantes de víctimas que han relatado ante un tribunal cómo se produjo la desaparición de sus familiares y su infructuosa búsqueda.
El letrado de la acusación popular, que ejerce Manos Limpias, José María Ruíz, ha intentado en un momento de la vista cortar la explicación de los testigos sobre las desapariciones, indicando que se está juzgando a Garzón, a lo que el presidente del tribunal, el magistrado Carlos Granados, le ha advertido de que era él quien decidía lo que era o no era pertinente.
Espero con impaciencia el veredicto. A todos aquellos que dicen ”para que mover ahora eso” les diría que todo el mundo tiene el derecho a enterrar dignamente a sus muertos. Con toda seguridad, quienes dicen esto y cosas parecidas no tienen a ninguna persona querida enterrada en una cuneta.
que busquen en la carretera de bañeres en la zona conocida como buscarro, no se si habra alguien enterrado en la cuneta, lo que si se es que mataron a varios del bando nacional