Esta obra comenzó en noviembre de 2003 y debería haber finalizado en enero de 2005. La empresa se autoimpuso una penalización de 1.200 € por cada día de retraso en la finalización del teatro. Esta condición fue una de las claves para que la empresa constructora ganara el concurso público y se quedara con la obra.
Finalmente el teatro se terminó en marzo de 2011 con más de 6 años de retraso. Esto supone que la constructora nos debe más de 2,6 millones de euros en concepto de penalizaciones. Nuestro grupo municipal ha denunciando, pleno tras pleno, el incumplimiento de la fecha de finalización del teatro y el Sr. Agüera contestaba “que no le constaba que las obras se hubiesen retrasado ni que la empresa estuviera incumpliendo su contrato”.
Pues bien, definitivamente en febrero de 2012, hemos conseguido que desde el Ayuntamiento se haga un informe donde se penaliza a la empresa con el importe de 1.815.600 €, correspondientes a 1.513 días de demora (le descuentan ciertos periodos de tiempo en los que la obra estuvo paralizada por motivos que no están claros).
El primer problema es que no sabemos cuándo podríamos cobrar este dinero, pues la empresa se encuentra en concurso de acreedores.
Pero como no puede haber dos sin tres, en el mismo acuerdo donde se aprueba penalizar a la empresa, se acuerda también aprobarle la última certificación de obra, es decir y para que nos entendamos, su última factura. En ella hay un problema. Según la empresa constructora, han tenido que hacer en el Teatro Río más trabajos de los previstos, aunque estos trabajos no estaban contemplados en el proyecto que la empresa presentó a concurso y que el Ayuntamiento aceptó. Por eso el Interventor advirtió que no había dinero para pagar esa cantidad por no estar prevista y que además sería ilegal pagarlo. El Secretario también ratifica en un informe esta apreciación del Interventor.
El acuerdo que ha llevado el PP al pleno nos obliga a pagarle primero a la empresa dicha cantidad para poder exigir la penalización por el retraso de finalización. ¿De verdad creen que la empresa constructora puede pagarnos? En el supuesto de que no pudiera, nosotros sí le habríamos pagado la última factura (además con intereses de demora) e incumpliendo la legalidad, con lo que sería peor el remedio que la enfermedad.
¿Por qué el PP no le exigió esa penalización cuando debió hacerlo? Nuestro grupo se lo dijo una y otra vez.
¿Cómo proponen pagar una factura si los informes del Interventor y del Secretario dicen que es nulo de pleno derecho?
Demasiadas preguntas para un tema gestionado con tan poca transparencia.