En ese Pleno se debatieron temas muy importantes. Temas de gran relevancia tanto económica como de gestión para nuestro Ayuntamiento. Concretamente el punto tercero trataba, textualmente, sobre la “Imposición de penalidades de demora en el Teatro Rio, así como, resolución del Recurso de Reposición contra la suspensión de la aprobación de la Certificación nº 35”.
En este sentido, he de manifestar en primer lugar que la penalización de 1.200 euros diarios por cada día que excediese de los 14 meses previstos para acometer la obra, se la autoimpuso la misma empresa para puntuar más que el resto de candidatas. Fue algo decisivo para su adjudicación.
Se debatió nada más y nada menos si teníamos que cobrarle a INTERSA (empresa que nos ha construido el Teatro Río) la friolera de 1.815.600 euros en concepto de penalidades por haberse retrasado injustificadamente 1.513 días en la terminación de tan importante obra. En este fondo estábamos todos de acuerdo; sin embargo no lo estábamos tanto en las formas.
El cobro de tan importante cantidad ahora va a resultar difícil, dada la situación que la empresa atraviesa que -salvo error- se encuentra en pre-concurso de acreedores (paso anterior a lo que antes se denominaba “suspensión de pagos”).
Tras años de hacer caso omiso a las preguntas del Grupo Municipal Socialista, en el sentido de “¿Van a penalizar a la empresa según ampara el contrato, a razón de 1.200 euros por cada día de retraso? Miren ustedes que llevan muchísimo retraso en la obra…”, ahora se acuerdan de reclamar la penalización, ahora que poco o nada podremos hacer. El saldo que arroja a favor del Consistorio, una vez deducidos los avales en poder del Ayuntamiento y la certificación núm. 35 y final –que asciende a 378.459,44 euros- es de nada menos que 1.225.221,80 euros. El gobierno se acuerda ahora de esto, alegando que un informe –que todos desconocemos- del señor Secretario dice que las penalizaciones no se pueden compensar salvo que sea la certificación final de obra. Esta alcaldesa es consciente de que eso no es del todo cierto, puesto que mientras dura la obra, si se constatan retrasos se puede rescindir el contrato o aplicar las penalizaciones correspondientes si no se cumple el calendario de obras previsto. Se trataría, en todo caso, de una actuación que cualquier ciudadano llevaría a cabo en cualquier obra de su domicilio particular. En Ibi, en cambio, el Partido Popular, tras dos años de retraso, le adjudica a Intersa el equipamiento del teatro (otros 2.294.211,32 € según proyecto).
Sin embargo, todo lo anterior parece haber pasado desapercibido, mientras que un asunto de protocolo como lo es el de las invitaciones que recibimos los concejales para las actuaciones del Teatro Río o del Centro Cultural de la Villa, ha merecido toda la atención ciudadana. Desde aquí reitero lo que ya dijo en el Pleno mi compañera y portavoz Susana Hidalgo: los concejales del PSPV-PSOE no queremos que nos regalen las entradas, siempre hemos devuelto las que no hemos usado y nunca las hemos cedido a terceras personas. A todos aquellos que han difundido recientemente cifras y datos inciertos, por mera propaganda política, me gustaría preguntarles si acaso no se dan cuenta de que cuando se representa una obra amateur (no todo son espectáculos de profesionales) en el Centro Cultural y hay tan sólo una treintena de espectadores, buena parte de ellos son concejales.
Por favor, ¡abramos los ojos!