En el pleno de ayer constatamos lo que venimos denunciando hace tiempo: hay muy buena voluntad por parte de los nuevos concejales del PP , pero eso no se traduce en trasparencia ni en buena gestión. Siguen sujetos a todas las exigencias Maite Parra Almiñana.
A día de hoy seguimos sin tener acceso y copia a las facturas de las VISA utilizadas por Maite Parra y Miguel Ángel Agüera, tenemos los extractos que nos entregaron el pasado día 15 de junio “in extremis” cuando decidimos no hablar de los presupuestos municipales si no se cumplían los acuerdos a los que se habían llegado, pero de las facturas nada de nada. Es más, nos acusan de «filtrar» a la prensa la documentación pública, perjudicando a la imagen de Ibi. Hay que decir alto y claro que la imagen de Ibi la ha dañado Maite Parra y sus imputados. Son los hechos los que perjudican, pero es más fácil matar al mensajero. Los ibenses tienen derecho a saber quién les gobierna y cómo lo hacen, algo que preocupa y mucho al PP de Mayte Parra.
La Generalitat es un pozo sin fondo que ha malgastado a manos llenas el dinero de los contribuyentes y ahora no tienen para pagar nada. Es indignante que la alcaldesa se ponga medallas que no le corresponden cuando dice que si no hubiera insistido en la Consellería de Hacienda no hubieran cobrado en el Asilo San Joaquín y en el Centro Ocupacional San Pascual. ¿Porque no ha insistido antes de que la gente saliera a la calle a reivindicar públicamente que no podían más porque llevaban meses sin cobrar? ¿Por qué no insiste para que Consellería pague el Palacio de Justicia? ¿Por qué no insiste para que tenemos un geriátrico público? ¿Por qué no insiste para que paguen la deuda del Museo del Juguete y pueda abrir sus puertas? ¿Por qué no insiste en que le paguen a los libreros, los farmacéuticos, las becas de comedor, etc, etc.? ¿Por qué levanta la mano a favor cuando la Generalitat boicotea la Ley de Dependencia, recorta en Sanidad pública y en Educación pública?
Maite Parra ha perdido la credibilidad por todas las presuntas irregularidades y corruptelas de su gestión, con tres imputados en su haber. Tampoco destaca por tener un talante democrático ni en los plenos ni en las Cortes Valencianas. La Generalitat no ha pagado sus deudas al Asilo San Joaquín y al Taller Ocupacional por «sus gestiones» sino que es una cuestión de imagen: la reivindicación pública a la que se sumaron partidos políticos, sindicatos y asociaciones perjudica seriamente la imagen del PP en la Comunidad Valenciana y eso no se lo pueden permitir porque el PP también ostenta el cargo de mayor número de corruptelas y el mayor número de imputados en las Cortes Valencianas, sumado al gran despilfarro durante estos años de fastos y grandes eventos deportivos.