El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha presentado un contrato de compromiso con los ciudadanos que contemplan “10 antídotos por la ética, por la transparencia y contra la corrupción” y, por tanto, plantea medidas concretas que “adoptarán todas las administraciones en las que los socialistas tengan la responsabilidad de gobernar así como todos los militantes del partido sea cual sea su responsabilidad pública”. Los socialistas han elaborado este documento porque “en medio de la peor crisis económica de nuestra historia reciente, con casi seis millones de parados y miles de familias en situación límite, los ciudadanos asisten escandalizados a una sucesión de casos de corrupción”. Unos escándalos que, según ha advertido Puig, “conllevan el desprestigio injustamente generalizado de los políticos ante los ojos de los ciudadanos y la desafección de la política”. También ha insistido en que “la transparencia es algo que se hace, no que se dice” y en este sentido ha anunciado que a lo largo del día de hoy se podrá consular su declaración de renta en la página web del partido www.socialsitesvalencians.org.

Así se ha referido el dirigente socialista en una rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance del Foro por la Transparencia y contra la Corrupción que han organizado los socialistas durante estos días y que ha contado con numerosos expertos y profesionales que han abordado estos temas en diferentes mesas redondas. Puig ha destacado que “la corrupción es un ataque frontal a nuestros valores éticos y un obstáculo para salir de la crisis, porque significa más paro y comporta una insoportable fractura social”. Por tanto, en su opinión, el “refuerzo de la ética pública no admite dilación porque escudarse en la complejidad de los procedimientos solo contribuye al descrédito todavía mayor de las instituciones políticas y al deterioro de la democracia en España”. Por ello, los socialistas han elaborado este contrato para comprometerse con los ciudadanos y llevar a cabo una serie de medidas.

De esta manera, el decálogo presentado por los socialistas incluye entre sus medidas destacadas “la aplicación inmediata de la Ley de Transparencia a los partidos políticos y sus representantes” y proponen además incluir a los sindicatos, la Casa Real y la Iglesia. Asimismo también exigen la obligación de los partidos políticos de publicar su presupuesto y la habilitación legal para que la Sindicatura de Comptes pueda auditar con rapidez las cuentas anuales. Los socialistas proponen en su contrato con los ciudadanos que todos los cargos públicos socialistas firmen un Código de Ejemplaridad que recoja el compromiso de los mismos a mantener una conducta ejemplar en su comportamiento, actividades y gastos por razón de su cargo y exigen la “prohibición por ley del pago de sobresueldos a cualquier cargo público”.

Para los socialistas es necesario habilitar un Portal de la Transparencia de Datos de las Administraciones Públicas que contenga una “regulación detallada de todos los datos y que deben poner a disposición de los ciudadanos de una forma sencilla y actualizada”. Además, entienden que se debe publicar anualmente las declaraciones de renta y patrimonio de los cargos electos a nivel autonómico y estatal”. “Una persona, un sueldo”, añaden. También plantean que se establezca la “incompatibilidad de cargos remunerados en una misma persona y transparencia de los sueldos y de los cargos públicos, así como la renuncia a cualquier obsequio o donación salvo los de valor estrictamente simbólico o protocolario”.

Pacto empresarial

Para los socialistas es fundamental la creación de un Pacto empresarial por la integridad, de esta manera, “todas las instituciones gobernadas por el PSPV firmarán con las empresas contratistas un pacto por la transparencia, la ética y la integridad”. Esto significa que “se incorporará a representantes de la sociedad civil para la fiscalización de las mesas de contratación de las administraciones públicas” y, a su vez, “se reforzarán los mecanismos legales que impidan contratar con la administración a aquellas empresas condenadas por corrupción”.

En este sentido, en el decálogo también proponen la aprobación de una ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas e ilegales tanto en la administración como en los partidos o en las empresas. Una medida que tiene como objetivo “proteger a los ciudadanos que denuncien este tipo de delitos de cualquier clase de represalias”.

Eliminar aforamiento

En su contrato con los ciudadanos los socialistas también plantean que se elimine el aforamiento de parlamentarios nacionales y autonómicos para delitos de corrupción para que se remita a la jurisdicción ordinaria. Para el PSPV-PSOE con la instrucción por parte del fiscal de los delitos de corrupción se agilizarían los procedimientos de los partidos políticos y se podría excluir de las listas electorales a todos los procesados por corrupción”. También consideran que los partidos deberían “suspender provisional de las responsabilidades a los imputados por corrupción y que se suspenda de militancia cuando se abra juicio oral hasta la sentencia”. Además, también contemplan la “demanda o investigación judicial a los autores de falsas imputaciones” y añaden que “se aborde una revisión de los plazos de prescripción de los delitos de corrupción, estableciendo un mínimo de 15 años”.

Asimismo, piden la creación de una Comisión autonómica de ética y transparencia con representación plural de los partidos políticos, instituciones y sociedad civil que deberá “emitir informes a petición de cada parte sobre casos concretos que se sometan a su consideración”.

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