Nuestra Constitución Española establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y deben ser los poderes públicos los que promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.
A pesar de la importancia que la Constitución otorga al derecho a la vivienda, lo cierto es que en la práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado.
Hoy en día, y visto el contexto social y económico en el que nos encontramos, es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten las medidas necesarias para asegurar la función social de la vivienda, reconocida en nuestra Constitución Española.
Actualmente existen multitud de viviendas vacías, pero de entre todas ellas, merecen un mayor reproche el conjunto de viviendas que son propiedad en sus diferentes formas, de personas jurídicas, en especial, entidades financieras y sus filiales inmobiliarias…
Por todo ello por lo que el Grupo Municipal Socialista ha presentado una Moción para que nuestra Comunidad Autónoma, siguiendo el modelo de la Consejería andaluza de vivienda, apruebe un Decreto-ley en el que, por un lado se potencie el acceso a la vivienda desde el arrendamiento y por otro, se permita la expropiación del uso de la vivienda a entidades financieras durante un máximo de tres años.