El pasado martes 14 de mayo, tuvo lugar una Comisión Informativa de Hacienda, Régimen Administrativo, Contratación, Patrimonio y ni se sabe cuántas áreas más, todas bajo la responsabilidad política del mismo Concejal Delegado, Rafael Serralta. En definitiva se trata de la conocida Comisión de Hacienda.

Tras tratar los dos primeros puntos del Orden del Día llegó el tercero que no era otro que Ruegos y Preguntas. Es en éste en el que los concejales de la oposición hemos de formularle al Concejal responsable las preguntas sobre las que tengamos dudas o solicitudes que, bien se nos plantean por los ciudadanos o bien las propias para el buen ejercicio de nuestras funciones.

En este punto se plantearon algunas preguntas que, porque consideramos de especial interés, vamos a hacer públicas.

Entre otras preguntas, nuestro grupo planteó las siguientes que consideramos de especial interés para los ciudadanos ibenses y para el buen funcionamiento del Consistorio.

Una de ellas es que, tras la confirmación del Tribunal Superior de Justicia en el sentido de anular los tres puestos de trabajo designados a dedo por el Partido Popular, qué tenían pensado hacer puesto que son tres puestos de responsabilidad suficiente como para que se haya de tomar prontamente la decisión correcta y ajustada a legalidad.

Los puestos que el alto Tribunal Valenciano anula son el de “Coordinador de Recursos Humanos”, el de “oficial de Policía adjunto a Jefatura” y el de “Coordinador de Brigada de Obras y Servicios”. Como hemos dicho por activa y por pasiva, son puestos que no pueden ser cubiertos con la modalidad de “libre designación” (conocida popularmente como “puestos a dedo”).

Este nuevo fallo del Tribunal viene precedido por la no presentación del Recurso de Casación que había anunciado el Sr. Serralta en una Comisión anterior y que nos deja la sensación de que su única estrategia era la de alargar la situación todo lo posible. A pesar de que tanto los grupos de la oposición de entonces (2009) como los propios sindicatos denunciaron esta improcedencia –fue CC.OO. quien llegó a los tribunales-, el grupo popular tanto de entonces como el actual, liderado siempre por Mayte Parra Almiñana, se ha mantenido firme en tan arbitraria decisión. Si no fuese por la gravedad de los hechos podríamos parafrasear la conocida comedia de “Don Erre que Erre” o la frase del aristócrata creado por Guillén de Castro “mantenella y no enmendalla”.

Ante las dudas que nuestra pregunta le planteaba a Rafael Serralta, fue su propia compañera quien le confirmó que no hay más solución que acatar la sentencia que ya es firme. Se han de sacar estos puestos a concurso ya que no son, ni nunca lo han sido, de libre designación.

A lo anterior cabe añadir que algunas de estas personas, desde que ocupan un puesto que no debían, vienen suscribiendo unos informes de los que, como mínimo y en correlación con esta sentencia, no podemos más que dudar de su validez e imparcialidad.

Esta es una forma de gobernar característica de “esta alcaldesa” y de su, hasta hace poco, mano derecha y ahora quíntuple imputado en causas públicas Miguel Ángel Agüera. Esperemos que los actuales compañeros de viaje de Mayte Parra la hagan corregir estos procederes aunque, bien es verdad, transcurrida la práctica mitad de legislatura no han demostrado ser capaces de enderezarla, más bien al contrario.

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2 COMENTARIOS

  1. La mala praxis o el abuso de este tipo de nombramientos se acentúa cuando los cargos de confianza, con todo el descaro del mundo, equiparan sus sueldos con el de funcionarios de nivel 28, 29 o 30, los más altos, pero se olvidan equiparar también su formación.

    Segundo, el asesor de turno que va a ocupar un puesto de libre designación no es más que un concejal no electo del partido que se presentó a las elecciones pero no salió elegido y la dirección del partido, como premio de consolación -práctica muy habitual- lo coloca de asesor. Al final de la corrida, todo sirve para aumentar las fuentes de financiación del partido. Es evidente que para ser un cargo público electo no se necesita formación. Tan solo ser mayor de edad, tener la nacionalidad española, no tener antecedentes penales y tener capacidad jurídica plena. (A lo mejor en este punto nos falta algo). Por tanto, a día de hoy, tenemos en España miles de asesores en las Administraciones Públicas cuya formación desconocemos y cuya competencia o valía no podemos medir.

  2. Al Parecer y vistos los acontecimientos varios en este solar patrio, por los que aparece, parece que el PP se mueve muy cómodamente fuera de los reglamentos, y el clientelismo a sus afines domesticados les sienta bien el aparecer públicamente como asesores (viste mucho) que por medio de oposiciones adecuadas seguro no alcanzarían la plaza ocupada, pero por este sistema son muy domésticos y obedientes, por aquello de mantener el puesto ocupado al margen de Leyes y Reglamentos. La duda en la actuación contra esa práctica es tibieza de carácter y debida obediencia, pues asesores en temas jurídicos de la Administración Local, los hay en todas las instituciones, solo hay que recabar su consejo y hacerles caso!. Recobraríamos la confianza en los políticos y las Instituciones Públicas.

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