Por Vicente Bernabeu
Lo ocurrido en la causa contra Begoña Gómez no es un simple episodio judicial. Es, desde su origen, una operación política de manual. Y quien no quiera verlo, sencillamente no quiere mirar. La admisión a trámite de una denuncia construida con recortes de prensa sin verificar —algunos podrían ser falsos, según reconoció el propio denunciante— no fue un error técnico: fue la primera señal de que el juez Juan Carlos Peinado había decidido avanzar por un camino que nada tenía que ver con la justicia y mucho con la estrategia política.
La Fiscalía lo dijo desde el minuto uno: no hay delito. Lo repitió una y otra vez, incluso cuando la instrucción se convirtió en una carrera desesperada por encontrar algo, lo que fuera, que justificara seguir adelante. Ampliaciones de supuestos delitos, rectificaciones constantes, acusaciones que se inflaban y desinflaban según el viento mediático. Una instrucción errática que, lejos de aclarar hechos, parecía diseñada para mantener viva una sospecha artificial.
Las instancias superiores tuvieron que intervenir para frenar excesos impropios de un proceso penal ordinario. La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid corrigieron decisiones del juez, recordándole límites que cualquier magistrado conoce. Pero para entonces el daño ya estaba hecho: Peinado había convertido una denuncia sin sustento en un arma política de gran calibre.
Porque aquí está el fondo del asunto. No se buscaba justicia. Se buscaba una pieza política. Y como no podían ir directamente a por Pedro Sánchez, decidieron apuntar a su esposa. Convertir a Begoña Gómez en objetivo era una forma de erosionar al presidente sin necesidad de pruebas, sin necesidad de delitos, sin necesidad de nada más que titulares y ruido. Una estrategia vieja, pero eficaz: si no puedes tumbar al líder, destruye su entorno.
La causa ha sido un ejemplo de cómo se puede utilizar la justicia para fabricar un clima de sospecha permanente. No hay sentencia, no hay indicios sólidos, no hay materia penal. Pero sí hay una narrativa cuidadosamente construida para que una parte de la opinión pública crea que “algo habrá”. Ese “algo” es la herramienta perfecta para desgastar a un Gobierno legítimo sin pasar por las urnas.
Lo que ha ocurrido con Begoña Gómez es grave. No por el resultado judicial —que parece apuntar al archivo—, sino por el proceso en sí. Por la utilización de la justicia como ariete político. Por la instrumentalización de los tribunales para alimentar una campaña de desprestigio. Por la voluntad de convertir a una persona en símbolo de una batalla que nada tiene que ver con el derecho.
Blanco y en botella: esto no ha sido una instrucción judicial. Ha sido una operación política. Y la pieza que se buscaba no era penal, sino mediática. La democracia se debilita cuando la justicia se usa para perseguir adversarios. Y en este caso, la diana ha tenido nombre y apellidos: Begoña Gómez.
