En los cinco años que el Partido Popular ha gobernado el Ayuntamiento de Ibi, el recibo de la contribución sobre la vivienda ha sufrido subidas que van del 30% al 200 %.
Si se hubiera aplicado la subida del I.P.C., tras cinco años, la contribución hubiera subido un 17,5 % en todos los casos.
Por tanto, la presión fiscal que sufrimos los ciudadanos de Ibi es desproporcionada y fuera de toda explicación razonable, pese a que la Alcaldesa no opine igual.
Es obligación del Grupo Municipal Socialista mostrar nuestro rechazo a esta presión fiscal municipal del Partido Popular y denunciar públicamente este abuso.
El Partido Popular ha aplicado estas subidas rompiendo el acuerdo que todos los grupos políticos firmamos para contener la subida de este impuesto. Así mismo, le recordamos al equipo de Gobierno que si no aplican dicho acuerdo, en 2009, el recibo de la contribución volverá a experimentar otro subidón. Ahora ya no pueden decir que no lo sabían.

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El martes pasado, el grupo parlamentario popular, en sintonía con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rechazó por dos veces consecutivas adoptar medidas de control del gasto administrativo y para combatir la crisis económica. Las medidas propuestas consistían en congelar los salarios de los altos cargos de la Generalitat, racionalizar el gasto público y revisar el sistema de financiación autonómica. Según los populares, rechazaban las medidas porque eran “el chocolate del loro” y porque, de acuerdo con el guión, la culpa, toda la culpa de la crisis, es del Gobierno central.
Cristina Moreno, portavoz socialista de Economía, denunció cómo al PP “le encanta la crisis” para cargar las tintas contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero es incapaz de asumir su parte de responsabilidad, siquiera son capaces de dar ejemplo. Moreno defendió esta propuesta idéntica a la que Javier Arenas, secretario general del PP andaluz, presentó hace unos días ante el parlamento de la Junta de Andalucía.

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BIM nº 37 de julio de 1988

El boletín  nº 37 de julio de 1988 nos muestra en portada una imagen de la constitución del Patronato Fundación Museo del Juguete y otra de la celebración de la fiesta del Geladors. En destacado podemos leer que el presupuesto para 1988 asciende a 602 millones de pesetas.
En Editorial se hacía una reflexión sobre la crisis del juguete y la recuperación industrial que se estaba experimentando gracias a la diversificación.
En Urbanismo y Obras destaca el anuncio de la finalización del segundo tramo de encauzamiento del “Riu de les Caixes”, acabando así con el peligro de desbordamientos por grandes avenidas de agua.
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Si hay algo que podemos destacar del BIM nº 37 es el artículo de Felipe Navarro Sánchez, titulado “Hace ahora veinte años”, en el que nos relata como vivió la tragedia de la fábrica de pólvora.

Hemos extractado este artículo en memoria de las victimas del fatal accidente.

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Tal como anunciamos el pasado mes de julio, la publicación de los BIM quedaba suspendida hasta pasadas las Fiestas de Moros y Cristianos. Queremos agradecer tu comprensión ante esta interrupción veraniega y pasado ya este periodo, reanudamos esta actividad. Te informamos que mañana viernes puedes descargarte en esta página el Boletín de Información Municipal nº 37, correspondiente a julio de 1988.

Por Antonio Martos Bueno - Secretario General del PSOE en Ibi
El victimismo de Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, sólo busca eludir su responsabilidad a la vez que distraer la atención de los ciudadanos de esta comunidad  y de paso desgastar al gobierno de España.
Todos los ciudadanos sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas muchísimas competencias y sólo ellas son responsables de su funcionamiento. Son de resaltar servicios públicos tan importantes como la educación, la sanidad, los servicios sociales…, entre otros.
El Sr. Camps y el Partido Popular, para justificar las enormes deficiencias del Servicio Valenciano de Salud, los barracones o que somos la comunidad con mayor fracaso educativo, así como la ralentización y la trabas a la puesta en practica de la Ley de Dependencia, culpa reiteradamente al Gobierno de España, cuando el mal funcionamiento de estos servicios públicos son consecuencia de la nefasta gestión del Sr. Camps y su gobierno y de que las prioridades del Partido Popular son otras muy distintas a la buena atención de los ciudadanos y sus necesidades básicas.
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