El pasado martes, José Luís Rodríguez Zapatero presentó un paquete de medidas para combatir la crisis. Uno de los elementos más significativos fue el mensaje sobre la necesidad de crear un modelo productivo distinto, cuyos cimientos no estén basados sólo en la construcción. A la vista han quedado los efectos del desplome inmobiliario sobre el empleo dado el elevado peso que tenía el sector de la construcción en la economía. Lo que durante años fue una máquina de generar empleo hoy es la causa por la que España ha incrementado el número de parados a mayor velocidad que otros países europeos. La asignatura pendiente de este país es la diversificación.
La apuesta de Rodríguez Zapatero por controlar en lo posible el peso de la construcción tras la fase de recuperación de la crisis para repartirlo entre otros sectores tiene riesgos, pero sobre todo contiene una decisión de apariencia impopular, aunque en el fondo puede que no llegue a serlo: se mantendrán las desgravaciones por compra de vivienda a partir de 2011 a los ciudadanos con rentas inferiores a 24.000 euros. Pese a aparentar una bofetada a las clases medias, lo cierto es que se trata de una medida que aplicada en 2011 puede no ser un problema para quienes compren una vivienda después de esa fecha. Si se logra alcanzar la finalidad que persigue esta medida, la pérdida de la desgravación tiene muchas posibilidades de poder compensarse con unos precios de la vivienda más baratos.
El anuncio de Zapatero puede generar un doble beneficio, uno de aplicación casi inmediata y otro posterior a 2011. Primero, el anuncio de la eliminación de la desgravación para las adquisiciones tras 2011 puede incentivar la compra de pisos desde ahora y lograr la eliminación progresiva del stock antes de que se produzca la modificación fiscal. Si tiene el efecto pretendido, la construcción de nuevos pisos será mucho más moderada y a precios más ajustados al valor real, por lo que cabe pensar en que el ahorro de origen compense la pérdida de ayuda fiscal. En un simple ejercicio matemático, se resuelve que en una hipotética adquisición de un piso cuatro millones más barato que en los años del boom el comprador lograría un ahorro equivalente a la suma de más de 15 años de la máxima desgravación posible, más los intereses. En realidad, el comprador no perdería nada y, sin embargo, el Gobierno de turno tendría la posibilidad de destinar las desgravaciones a otras necesidades.
Fuente: Diario La Tribuna