El pasado 22 de noviembre entró en vigor la ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Las nuevas tasas judiciales de Gallardón suponen la creación de una nueva Justicia:

Una para ricos: que no tendrán problema en seguir acudiendo a defender sus intereses.

Otra para todos los demás: que no podrán acudir a ella por falta de dinero.

A partir de ahora interponer demandas o recurrir sentencias en el orden civil, social o contencioso administrativo, costará dinero a los ciudadanos.

El PSOE ya ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional estas tasas salvajes, porque rompe el principio de igualdad y porque son obstáculo para que muchos ciudadanos puedan acudir a la Justicia.

Al argumento demagogo del PP de que el que no tenga medios económicos podrá seguir acudiendo a los Tribunales en defensa de sus derechos a través del beneficio de asistencia jurídica gratuita es FALSO Y SESGADO: Sólo pueden acogerse al beneficio de Justicia Gratuita las familias cuyos ingresos mensuales (los de toda la unidad familiar) no sobrepasen los 1.400 €/mes. ¿Entonces una familia con 1.500 euros al mes ya es rica para el Gobierno de Rajoy y puede pagar una tasa de 200 euros para recurrir una multa leve de tráfico de 100 euros? Pues para el PP sí. Esa familia no tendrá derecho a justicia gratuita y tendrá que pagar tasa por todos los procedimientos que necesite para defenderse.

Pero pongamos más ejemplos del abuso de la Ley de Tasas para el ciudadanos de a pié. Un jubilado que demande por la vía civil a un banco para recuperar unos ahorros de 128.000 euros tiene que pagar 940 euros (los 300 de tasa fija más la variable) si sigue recurriendo la tasa puede llegar hasta los 3.800 euros. Si los ahorros son de 20.000 euros la tasa será de 400 euros más todos los demás gastos.

En el caso de los desahucios el tema es más sangrante: te van a desahuciar, pides amparo judicial para acogerte al Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Si acudes al Juez para oponerte al desahucio alegando que cumples los requisitos para la suspensión te cobran 950 euros en tasas para una hipoteca de 150.000 euros.

Denunciar ante la policía malos tratos no tiene tasa, pero romper el último vínculo con el agresor recurriendo al divorcio y repartir los bienes del matrimonio será ahora más caro, y por tanto un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales de divorcio. La nueva cuantía de los impuestos judiciales coartará a las víctimas de interponer una demanda ante la justicia. Las tasas no afectan a los procedimientos penales pero sí a los civiles como las liquidaciones de gananciales, la pensión compensatoria, la reclamación del uso del domicilio familiar. Sólo están exentos los procesos donde solo se pide la custodia de los hijos. (LOS MENOS FRECUENTES).

Esta Ley tiene un claro objetivo recaudatorio y al mismo tiempo obstaculiza el derecho de acceso a la justicia, por lo que puede convertirse en un grave impedimento para la obtención de tutela judicial efectiva de la mayoría de los ciudadanos.

Es por todo ello, que hemos propuesto que se adopten urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales para garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial.

Esta propuesta del Grupo Municipal Socialista y otros más se tratarán hoy en el pleno extraordinario convocado a las 12 del mediodia.

Yolanda Venteo

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2 COMENTARIOS

  1. http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/21/pdfs/BOE-A-2012-14301.pdf

    Firmado por Juan Carlos I y Mariano Rajoy Brey, que cada uno se lo coja como quiera.

    Estos son algunos de los casos que demuestran la justicia no es para todos igual.

    – Que alguien tenga que pagar 200 euros para recurrir una multa de 150 euros.
    – Que reclamar daños y prejuicios por cancelar un vuelo de 2.500 euros cueste 312,50 euros.

    – Tener que abonar 311,50 euros por llevar a los tribunales a una aseguradora que se niega a cubrir un siniestro de 2.300 euros.

  2. Pues agüera en sus temas civiles con las madres de sus hijos, ha solicitado la justicia gratuita y se la han concedido

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