4 de marzo de 2016
Ibi, como muchos otros municipios, ha visto como la construcción de casetas de campo ha ido proliferando con el tiempo.
Nuestro Plan General regula este tipo de urbanización. La parcela mínima para construir siempre ha estado fijada en 10.000 m², pero la Generalitat permitía la excepción de poder construir con 5.000 m² en algunas zonas rurales de Ibi por su “especial idiosincrasia”.
Esta convivencia de dos parcelas mínimas en nuestro Plan General ha dado pie a muchas polémicas y controversias. Como ocurre en muchos casos, las normas, sobre todo cuando regulan excepciones legales, se crean para dar solución a problemas reales pero muchas personas las utilizan para su provecho.
Desde Urbanismo, buscando la solución más cómoda para el departamento, decidió aprobar de una Modificación del Plan General en la que hacía desaparecer cualquier reconocimiento de las parcelas mínimas de 5.000 m². Así se acaba con las polémicas pero también “pagarán justos por pecadores”.
Esta situación deja a las casetas construidas en 5.000 m² en una situación difícil. Si los propietarios de estas casas de campo deciden vender, el comprador no va a poder solicitar el suministro de servicios básicos como el agua, el gas o la electricidad, y por tanto, nunca obtendrán la licencia de segunda ocupación. Esto perjudica seriamente a los intereses de los propietarios de estas viviendas rurales.
Para desbloquear esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta de acuerdo para intentar salvar esta situación injusta. La propuesta está basada en un procedimiento especial previsto en la nueva Ley de Urbanismo vigente en la Comunidad Valenciana (LOTUP), que pretende delimitar como zonas urbanísticas en el suelo no urbanizable, los núcleos de viviendas consolidados que deben minimizar su impacto territorial, cuya implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización y edificación. Hablando claro, la ley contempla mecanismos para legalizar lo que se encuentra en un limbo jurídico, siempre que cumplan una serie de requisitos, como que sean núcleos consolidados, es decir, que estén construidos desde hace mucho tiempo.
Como la solución no pasa por demoler las edificaciones que han quedado fuera del PGOU ni de sancionarlas, la única salida justa es la de normalizar su situación dentro del marco legal vigente. Se trata de un Plan Especial en el que los titulares de las viviendas afectadas pueden solicitar la denominada “licencia de obras de legalización” (artículo 212.2 LOTUP), la cual permitirá a los propietarios solicitar las licencias de primera y sucesivas ocupaciones, necesarias para acceder legalmente a los suministros de electricidad, agua y gas. A parte de esto, el Plan Especial dotará de un régimen jurídico a estas viviendas. Por ejemplo, determinará qué obras pueden llevarse a cabo y cuáles no, los propietarios podrán vender la caseta si lo desean, acceder al registro de la propiedad, etc., y todo ello con garantías jurídicas.
Para llevar a cabo lo que proponemos, el Ayuntamiento de Ibi debe efectuar un trabajo previo y laborioso para saber exactamente el número de viviendas que tenemos en suelo no urbanizable, así como las infraestructuras que poseen las mismas, es decir, si cuentan con sistema de depuración de aguas, si tienen agua potable, electricidad, servicio de recogida de basuras, si los caminos y vías de acceso a todas y cada una de ellas cumplen los requisitos mínimos de seguridad en supuestos de emergencias,…
Después de un amplio debate en la Comisión de Urbanismo celebrada el 29 de febrero, la propuesta ha sido dejada sobre la mesa para un estudio más pormenorizado y exhaustivo de la misma. Mientras que este tema se estudia, muchas viviendas de campo en Ibi siguen en el limbo legal en el que les dejó la última modificación del PGOU.
Yolanda Venteo Climent
De quién ha sido la brillante idea de cargarse las parcelas de 5000. Si eramos privilegiados en Ibi por ello. Esto no es la mancha ni Andalucía nuestras parcelas son pequeñas. Hay que ser burros.