30 de enero de 2014

El Grupo Municipal Socialista de Ibi denuncia una vez más los impagos de la Generalitat Valenciana con respecto al Palacio de Justicia.

El Ayuntamiento de Ibi cedió los terrenos a la Generalitat para la construcción del Palacio de Justicia y asumió todos los gastos de su construcción que finalmente y con sobrecostes añadidos, ascendieron a 1,7 millones de euros (IVA excluido).

El incumplimiento por parte del gobierno valenciano del convenio firmado con el Ayuntamiento de Ibi en 2006, ha dado lugar a que los ibenses tengan que soportar la carga financiera de los gastos derivados de la construcción de una infraestructura pública que es competencia de la Generalitat Valenciana. Resumiendo, nosotros lo pagamos todo pero nada es nuestro, todo es de Generalitat.

En enero de 2010, cuatro años después de la firma de este convenio y un año después de la finalización de las obras, el Ayuntamiento de Ibi anunció un convenio de arrendamiento para que la Generalitat Valenciana pagara un alquiler de 7.195,15 euros al mes durante 25 años, propuesta que finalmente la Generalitat Valenciana no llegó a firmar.

Debido al descontento de la ciudadanía ante esta situación y a la presión de los grupos de la oposición, en septiembre de 2013 el gobierno del PP se vió empujado a demandar (eso dicen) a la Generalitat Valenciana por el impago. Como ya hemos denunciado en varias ocasiones, desde el Grupo Municipal Socialista hemos solicitado en varias ocasiones acceso y copia a esa demanda y a día de hoy el PP no nos la ha facilitado.

El gobierno del PP de Ibi, ahora liderado por Rafael Serralta, acepta nuevas promesas por parte de la Generalitat Valenciana. Ahora anuncian un nuevo contrato de arrendamiento en virtud del cual la Generalitat Valenciana se compromete a pagar 14.027 euros mensuales durante 7 años, llegando a la cantidad de 477.165 euros en 2021. El Partido Socialista no está dispuesto a apoyar esta propuesta ya que la demanda judicial interpuesta por el Ayuntamiento debe seguir su curso y exigir judicialmente de una vez por todas el pago íntegro del Palacio de Justicia que el gobierno del PP valenciano lleva retrasando durante años, perjudicando gravemente la capacidad económica de Ibi. La Generalitat Valenciana no ha cumplido sus acuerdos ni con los ayuntamientos, ni con los colectivos. Con todos estos antecedentes, para nosotros, la administración autonómica no tiene ninguna credibilidad hoy por hoy. Ya es tener mucha fe el fiarse de un grupo del PP en Les Corts que cuenta con más del 20% de sus diputados imputados o investigados.

El PP y el CDL que gobiernan a la par en Ibi, no pueden desentenderse y dejarse guiar por el corporativismo partidista con la Generalitat, ya que esta ha incumplido sistemáticamente los convenios suscritos con el pueblo de Ibi. Este “consentimiento” convierte al equipo de gobierno en cómplice del engaño (o estafa, según se mire).

Susana Hidalgo

 

 

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